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Sábado, 06 Abril 2013 20:36

Privatización de la Sanidad

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La sanidad pública está en peligro. En pocos meses hemos pasado del “todo a todos gratuito”, a cobrar a los familiares de los pacientes por recostarse en la butaca en la que acompañan al enfermo en algunos hospitales catalanes.  La recesión y el descenso de los ingresos; la disminución de medios, de personal y de inversiones; el incremento de los enfermos crónicos y la medicalización de la sociedad; la ausencia de una opinión pública fundada y consistente; la pérdida de interés político en la sanidad como fuente de votos; y el conformismo del personal sanitario, no invitan precisamente al optimismo acerca del futuro de nuestro sistema público de salud.Privatización

Entre tanto, la sanidad privada, favorecida por los recortes del gasto público, ya alcanza un volumen de negocio cercano al 30% del gasto sanitario total de nuestro país. No es, por consiguiente, una sanidad marginal; tampoco hay razones para pensar que sea de una calidad deficiente, aunque sí conviene recordar que no es una sanidad que esté para hacer altruismo, sino para hacer negocio y, por tanto, para obtener beneficios. Es un ámbito en el que la equidad es un concepto insólito y en el que el acceso a las prestaciones depende de la disposición que se tenga a pagar por ello. Así las cosas, esta misma semana podemos leer en la prensa que en la Asamblea de Madrid se ha pedido la elaboración de un informe sobre Competencia en el Sector Sanitario por considerar que existe una excesiva proximidad entre el poder político y el empresarial, con procesos de “puerta giratoria” y “riesgo moral”. De hecho, de los cinco hospitales de gestión 100% privada del Servicio Madrileño de Salud, cuatro los gestiona la misma empresa, en este caso, Capio. Asimismo se solicitó la comparecencia de la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid para que explicara lo que, a juicio de algunos parlamentarios, es un aumento desproporcionado de la derivación de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas del Hospital Gregorio Marañón a centros concertados. También esta misma semana han sido noticia las declaraciones del director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en las que aseguraba que la entidad que dirige está en disposición de poner en marcha inmediatamente la colaboración público-privada en cuatro hospitales de la región.

Lo sorprendente de todo este proceso es que sus impulsores, que trasladan tenazmente una aparente superioridad moral de lo privado sobre lo público en la gestión sanitaria, desconocen las consecuencias e hipotéticos beneficios de esta reforma. De hecho, hoy por hoy, nadie es capaz de garantizar una fórmula objetiva y transparente que evalúe resultados según distintos modelos de gestión, incluidos los mixtos donde en ocasiones los intereses públicos y privados se entremezclan de forma poco clara. Las experiencias recientes con los nuevos hospitales madrileños o con el ya célebre de Alzira, son elocuentes. Esto no quiere decir que no sea evidente la existencia de ineficiencias en el sistema sanitario público o que no se pueda mejorar su calidad y su equidad. Pero, lo que no parece razonable es proceder a la privatización de la gestión de hospitales y centros de salud por razones ideológicas y sin poder demostrar criterios objetivos de mayor eficiencia. La buena gestión de lo público no exige privatizaciones, restricción de servicios o exclusión de grupos marginales.

Los Ilustrados del siglo XVIII comenzaron a ser conscientes de que la enfermedad empobrece a las naciones y es la enemiga fundamental del progreso. Posteriormente, el movimiento salubrista británico acuñó el lema “public health is wealth”, y por eso el higienismo fue hilo conductor de las políticas liberales desde mediados del siglo XIX. El compromiso por garantizar el derecho a la salud dio lugar en toda Europa a los seguros sociales, es decir, la responsabilidad del estado en la asistencia social y sanitaria a los ciudadanos, asumiendo que la salud de éstos era su principal patrimonio. Gracias a este Estado Providencial o del Bienestar se logró la erradicación de grandes epidemias y el control de unas cifras inaceptables de desnutrición crónica y de mortalidad infantil. A lo largo de este proceso histórico, la salud pública ha sido una conquista permanentemente amenazada y las estrategias para privatizar la sanidad han sido constantes. Hemos asistido a una reducción progresiva de la capacidad asistencial de los centros públicos, lo que se ha traducido en el incremento de las listas de espera y, como consecuencia de ello, en la desacreditación del sistema, en el incremento de las desigualdades y en pérdidas económicas significativas.

La dimensión económica de la asistencia sanitaria no debería obligar a que, aquí también, el mercado se imponga sobre la política (DRAE, 7.f. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados). El derecho a la salud parte de la teoría de la justicia distributiva y del altruismo. La salud debe considerarse distinta del resto de bienes económicos y se acepta universalmente su carácter de bien preferente o tutelar. En España, de la misma forma que estamos sensibilizados contra la discriminación o la explotación, tampoco hemos aceptado –y ese es uno de nuestros orgullos- una sociedad en la que una persona pueda morir o quedar con minusvalías por falta de atención médica, o que al sufrir una enfermedad o un accidente se vea forzada a vender todos sus bienes. La sanidad pública es nuestro mejor monumento porque es la consecuencia de un gran acuerdo entre todos los ciudadanos, de ese gran pacto entre hombres y mujeres, ricos y pobres. No se puede reducir la sanidad pública a unas prestaciones básicas imprescindibles porque si las clases medias abandonan el sistema, éste se debilitará y se convertirá en una nueva beneficencia. La atención sanitaria, en definitiva, no puede ser una mercancía que esté sólo al alcance de quienes puedan permitírsela.

Es posible que tengamos que pensar en nuevas fórmulas, pero lo que no es de recibo es deslegitimar, empobrecer y desmantelar el sistema más justo que hemos tenido en España en toda nuestra historia, sin un debate serio, sin razones objetivas convincentes y sin alternativas solidarias y justas que eviten acentuar la desigualdad que, no lo olvidemos, es el principal factor generador de enfermedad.

Modificado por última vez en Martes, 09 Abril 2013 17:28
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